La juez de Instrucción número 8 de Madrid considera que "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de la pena podría llegar a cinco años de prisión, les deja en libertad.

"En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su libertad provisional sin fianza", señala el auto en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.

En torno a las 22.30 horas, el Gabinete de Prensa del Tribunal de Justicia de Madrid emitió una nota en la que informaba de la liberación de todos los detenidos y donde aseguraba que tan solo se les imputaban los delitos de atentado y/o desórdenes públicos, según el caso, pero obviaba la alusión que la magistrada hace en el auto del delito contra las Instituciones del Estado.

Este jueves, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de recibir un informe de la propia Policía en el que tan solo se acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.

Dado que la Policía tampoco contemplaba el delito contra las instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.

Se ha tomado declaración durante toda la tarde a los detenidos La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cuál recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos

El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, en funciones de guardia de detenidos, ha tomado declaración durante toda la tarde a los detenidos, después de que la Audiencia Nacional comunicase a la Policía que los delitos por los que han sido acusados no eran de su competencia.

Desde primeras horas de la tarde, un grupo de unos cien familiares y amigos de los detenidos se ha congregado a las puertas del juzgado de guardia de Plaza de Castilla, adonde fueron conducidos los arrestados. Los congregados, en su mayoría jóvenes, portaban una pancarta con el lema "Solidaridad con detenidos 25S. Stop a montajes policiales".

Dos de los detenidos han asegurado a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla que no participaron en ninguna acción violenta durante las protestas y han denunciado la arbitrariedad y falta de motivación por parte de la Policía a la hora de llevar a cabo los arrestos.

A su salida del juzgado, dos de los arrestados el martes, César y Jorge, han negado haber participado en acciones violentas durante la protesta. "Intentando ayudar, me detuvieron", ha explicado César, de unos 20 años y que ha quedado en libertad sin cargos.

Según su relato, después de una de las cargas efectuadas en la zona de Neptuno él y otras cuatro personas salieron corriendo y en un momento dado vio que una de ellas se escurría y caía al suelo. "Cuando me acerqué a ayudarla sentí que empezaron a darme golpes en la espalda", ha señalado.

Asimismo, han lamentado la brutalidad policial empleada a la hora de las detenciones. "Me detuvieron y cuando estaba en el suelo me empezaron a pegar, me metieron un dedo en el ojo y me sacaron una lentilla. Me dieron patadas en la cabeza, en el brazo, de todo", ha relatado por su parte Jorge.

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han cargado este jueves contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración verbal por parte del Ministerio.

"El proceso de Interior ha sido ir al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso no encaja", ha denunciado en declaraciones el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que "Interior, en esta estrategia lo está haciendo bastante mal".

"Para acusar de un delito tan grave como un delito contra los altos organismos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes", ha añadido. A su juicio "no se puede acusar así, linealmente de un delito tan grave".

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de la CEP, Ignacio López quien cree que "una vez más" Interior "peca de no haber mantenido un prudente silencio o haberse remitido a los profesionales de la policía que son los que tienen que determinar el alcance de las acusaciones". Según ha dicho, "es una falta de respeto hacia la Policía y la ciudadanía anunciar por anticipado una posible imputación y que después no se haga".

"Lo que no se puede hacer es con el trabajo policial y con situaciones tan críticas aprovecharse para obtener réditos políticos o mediáticos. Una vez más condenamos la aceleración verbal que desde el Ministerio del Interior se produce ante la actuación policial ante determinados asuntos", ha zanjado.